El pasado 02 de abril una pobladora de Morococha denunció en "Radio Karisma" -una radio local de La Oroya- que personal de la empresa minera Chinalco había procedido con la demolición de su casa sin previo aviso y sin ninguna orden judicial de por medio, a pesar de que todas sus cosas se mantenían adentro. Dicha ciudadana, la señora Lucy Alderete Cóndor, refirió que salió al mercado como todos los días; sin embargo, al volver encontró efectivos policiales contratados por Chinalco que le impidieron el ingreso a su casa. Asimismo, informó que no pudo presentar su denuncia ante la comisaría de La Oroya porque los hechos se generaron en Morococha Antigua –la misma que ya se habría trasladado a Carhuacoto-.  

Escuchaba por ahí, "pero ¿cuál es el problema? si es propiedad de Chinalco, no entiendo de qué tanto se quejan, son invasores, poseedores precarios". Bueno, asumiendo que se trate de pobladores que no se han retirado a pesar de que su posesión ya no es legítima, ¿es posible -legalmente hablando- que se ejecute la demolición de estas casas sin una orden judicial? Muchos deben saber -y muchos no-, que la vía adecuada es el proceso judicial de desalojo; de lo contrario, usándose la fuerza se faculta al "poseedor sin título o que tuvo uno y lo perdió" a interponer una acción penal por usurpación o ejercicio arbitrario del Derecho (aunque en este caso la intervención de efectivos contratados genera un nuevo análisis).

La empresa encargada de ejecutar el proyecto Toromocho indicó haber diferenciado las viviendas que son propiedad de Chinalco de las que no lo eran mediante una especie de sello con su logo en las fachadas de las mismas. Eso es perfectamente distinguible en la siguiente imagen.

A la fecha existe un grupo de ciudadanos que aún se "resiste" al reasentamiento a la ciudad de Carhuacoto. A finales de febrero del presente año INDECI publicó un Reporte de Peligro mediante el cuál indicó que aproximadamente 233 familias requerían ser trasladadas a un albergue.

Muchos los han tildado de tercos, hasta de ignorantes, que en Carhuacoto tendrían la oportunidad de acceder a todo lo que no tuvieron en Morococha. Lo que ellos reclaman son condiciones dignas porque no muchos saben que el proceso que se siguió para la elección de la Nueva Morococha fue inadecuado, que no se siguieron los patrones establecidos por la Ley N° 27795, Ley de Demarcación Territorial y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2003-PCM modificada or 063-2012-PCM.  

Los pobladores de Morococha Antigua se encuentran a la espera de las gestiones correspondientes por parte del OEFA en relación a los compromisos asumidos en el Plan de Relaciones Comunitarias y el Plan de Acción para el Reasentamiento establecido en el EIA aprobado mediante Resolución Directoral N° 411-2010-MEM/AAM.

En virtud a ello han solicitado el pronunciamiento por parte de muchas instituciones del Estado. La PCM ha retirado el caso de Morococha de su lista de conflictos atendidos hace ya mucho tiempo porque considera que no hay conflicto social y que mediante la Mesa de Diálogo para el Reasentamiento de la Población de Morococha - DPRPM se ha resuelto todo tipo de diferencias. Incluso en el Willaqniki N° 15 aplauden el resurgimiento de la ciudad de Morococha gracias a dicho proceso de diálogo.

Pues bien, no podemos desmerecer el papel del Estado para propiciar relaciones entre las partes de un conflicto; sin embargo, tampoco podemos tapar el sol con un dedo y aplaudir algo que no se hizo adecuadamente. Tal vez muchos piensen, bueno, no se puede beneficiar a todos, algunos ganan otros pierden, apostemos por lo que quiere la mayoría. Sí, claro, ahí es cuando voy por el mundo dando conferencias o entrevistas en otros países latinoamericanos para que tomen el caso peruano como ejemplo, donde el Estado es promotor del diálogo, cuando ni siquiera es capaz de reconocer sus propias deficiencias.

Los pobladores morocochanos a los que hago referencia han solicitado a la PCM que intervengan en un proceso de diálogo, también han manifestado su disconformidad con la Ley N° 30081 -que establece la nueva ubicación de Morococha (Carhuacoto)-  y esperan que el congreso la derogue pues la consideran inconstitucional. Sienten que su alcalde, el señor Marcial Salomé Ponce, les ha dado la espalda, que al final cedió y no defendió los intereses de los morocochanos. 

Hasta la fecha la PCM no se ha pronunciado, lo más seguro es que estén esperando que los pobladores se cansen de defender sus derechos, de luchar contra la injusta forma en cómo se dio el procedimiento de reasentamiento, de hacer ver al resto del Perú que se escogió un lugar inadecuado, que en Carhuacoto hay riesgos porque es un bofedal. 

Es como cuando roban en una cuadra llena de gente... te persiguen, te acosan, te manosean, te jalonean en el suelo, solo para llevarse un celular y lo que tengas en tu billetera, de pronto en medio de gritos te das cuenta que a pesar de todo estás sola, la gente solo atina a ver cómo te quitan un poco de dignidad y te desgarras por dentro. ¿No se sentirán igual los morocochanos?